Con la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia proyecta una sentencia que contradice el Código Civil, el Código Comercial y la jurisprudencia de esa corporación de justicia, además de abrirle el camino para a entregarle 9 millones de dólares a un excompañero de escuela.
Se trata de un proyecto de fallo de un proceso casación civil, que tiene como sustanciador a Olmedo Arrocha, que facilitaría la entrega de una fortuna de 9 millones de dólares a la demandante, Emilia Estévez de Vásquez y a su hijo, José Vásquez Estevez, este último excompañero del magistrado Arrocha.
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El fallo de Arrocha se daría a pesar de que en las dos instancias se negó la admisión de la demanda.
El caso comenzó en 2008, con demanda de rendición de cuenta contra Mueblería Unión, S.A., Financiera Única, S.A., y Luis Vásquez Paradela por una cuantía de 9.9 millones de dólares, presentada por Emilia Estévez de Vásquez, quien alegaba ser accionista de Mueblería Unión, S.A., y Financiera Única, S.A., pero nunca presentó los certificados originales de accionistas, solo unas copias de 1986.
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Como la transferencia, por endoso, de las acciones de una sociedad tiene pleno respaldo en el ordenamiento jurídico, las copias de un certificado no son prueba de su tenencia porque fácilmente pudieron haber cambiado de propietario, mucho más considerando que son copias de 1986. Además, el fallo de la Sala Civil de la Corte del 17 de agosto de 2000 claramente estableció que “la titularidad de las acciones se demuestra con el propio certificado de acciones”.
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Esa fue la principal razón para que el Juzgado Sexto no admitiera la demanda de Emilia Estévez de Vásquez y el Primer Tribunal Superior ratificara esa decisión.
Sin embargo, Estévez de Vásquez presentó un recurso de casación para anular el proceso y el magistrado Olmedo Arrocha quedó como sustanciador, quien ya tiene un proyecto de fallo preparado anulando todo lo actuado por las dos instancias.
Por este caso, el magistrado Arrocha fue denunciado por la supuesta comisión de delito ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.
